"HACIA UNA RED DE FORMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO IBEROAMERICANO"

Reunidos en la ciudad de La Antigua Guatemala, durante los días 12 a 16 de Noviembre de 2001, los representantes de los Centros, Escuelas, Unidades y Áreas de Capacitación de los Ministerios Públicos Iberoamericanos de ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, CUBA, ECUADOR, EL SALVADOR, ESPAÑA, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, MÉXICO, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, PUERTO RICO, REPUBLICA DOMINICANA, URUGUAY y VENEZUELA, sin perjuicio de la constatación de la diversidad de sistemas procesales y el obligado respeto a las configuraciones nacionales de la estructura y funciones de los diversos Ministerios Públicos Iberoamericanos, convienen las siguientes

CONCLUSIONES

1.- Las trascendentales misiones encomendadas al Ministerio Público, como pieza básica del Estado de Derecho, exigen que sus miembros estén dotados de la más alta cualificación. Y ello, no sólo para el desempeño de las funciones que el ordenamiento les otorga, sino también para lograr, que a lo largo del ejercicio profesional, sus integrantes las desarrollen con el mayor rigor y eficacia, en orden a posibilitar la respuesta que la sociedad demanda a los conflictos en los que se precisa su intervención.

En tal sentido, la formación y perfeccionamiento permanente de los miembros del Ministerio Público, constituye un presupuesto de indudable relevancia para la eficacia de su acción y la prestación del servicio público que está llamado a proporcionar.

Es por ello que la formación de los integrantes del Ministerio Público trasciende de su entendimiento como mero derecho o necesidad de los mismos y se revela como un deber frente a la sociedad misma a la que sirve.

Una respuesta coherente a esa necesidad y exigencia de capacitación demanda estrategias de formación tendentes al aseguramiento de una actualización permanente en el saber jurídico y en las materias complementarias que requiere la actuación del Ministerio Público.

2.- En cuanto derecho-deber, no puede resultar suficiente confiar en meros esfuerzos de autoformación que, si bien constituyen un elemento imprescindible de cualquier proceso de perfeccionamiento, debe ser complementado con programas estables y continuos de formación a cargo de Centros, Escuelas, Unidades o Áreas específicamente dedicadas a asegurar su más adecuada capacitación.

La consideración de la formación como derecho-deber conlleva no pocas obligaciones para la Institución y sus responsables. El acceso a la formación y las actividades que la concreten, debe apoyarse y garantizarse sin reservas, de manera que los miembros del Ministerio Público no se encuentren con trabas procedentes de estructuras internas de la propia Institución con base en razones de operatividad. No puede desconocerse que la formación revierte en beneficio no sólo de quienes la reciben, sino también de la Institución misma y su consideración social.

3.- La idea de la máxima participación en los procesos de capacitación debe presidir la planificación formativa. El perfeccionamiento sólo puede ser concebido como un reto común de la Institución en cuanto imperativo necesario del derecho-deber aludido. La sociedad y los tiempos exigen, cada vez más, un miembro del Ministerio Público dinámico y dotado de una formación integral, capaz de defender la legalidad y llevar a cabo una efectiva protección de los intereses que le están encomendados. La participación debe buscarse no sólo como receptores de la capacitación, sino también como emisores de la misma, mediante el diseño y desarrollo de modelos en los que la puesta en común de conocimientos y el intercambio de experiencias constituya un factor primordial.

La participación de los miembros del Ministerio Público como formadores resulta esencial. Sin embargo, la capacitación de los integrantes de la Institución no puede ser concebida como un proceso exclusivamente "endogámico" y, en consecuencia, ajeno a la propia sociedad en la que desarrolla su actividad profesional. Por ello es necesario que en la elaboración, diseño y desarrollo de las actividades formativas se dé cabida a opiniones, conocimientos o experiencias ajenas. Dado que existen necesidades o intereses formativos que, en ocasiones, no podrán ser cubiertos por las propias estructuras internas del Ministerio Público, no debe descartarse la posibilidad de acudir a otras instituciones públicas y privadas con las que puede ser oportuno establecer convenios al objeto de cubrir dichas necesidades.

4.- Como exigencia social, debe asegurarse que se destinen a las actividades formativas los fondos económicos suficientes, lo que implica el decidido reconocimiento de que la capacitación constituye una inversión en capital humano que trasciende de su mera percepción como un gasto superfluo o banal, dado que el mismo redunda de forma decisiva en la calidad y eficacia de la prestación del servicio en las mejores condiciones, generando la consiguiente confianza ciudadana en la Institución como pieza esencial de la Administración de Justicia.

5.- Con el objeto de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos invertidos, se hace necesario realizar una constante medición de la efectividad de los procesos de capacitación a todos los niveles.

6.- En atención a la singularidad de las funciones y el rol que desempeña el Ministerio Público, constituye una necesidad ineludible dotar a sus miembros de una formación específica en o por Centros, Escuelas, Unidades o Áreas, preferentemente destinados a la capacitación de quienes tienen entre sus cometidos esenciales el ejercicio de la acción penal pública.

En los mismos, dentro de las actividades de capacitación nacionales debe contemplarse, además de un plan de formación general, el desarrollo de técnicas y habilidades específicamente relacionadas con concretas áreas de criminalidad.

7.- Resulta imprescindible que la capacitación se procure respecto de todos los miembros del Ministerio Público, cualquiera que sea su ubicación territorial, utilizando cursos descentralizados o mecanismos virtuales allí donde la realidad de la dispersión geográfica de los mismos así lo exija.

8.- En orden a garantizar la debida estabilidad, independencia y autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones, debe asegurarse la implantación de un estatuto profesional que contemple la instauración de una auténtica Carrera del Ministerio Público, en la que la permanencia no resulte vinculada a eventuales cambios de poder y en la que se asegure una cierta estabilidad en el desempeño de funciones, dentro de un cuadro regulador preestablecido de adquisición y pérdida de la condición de miembro del Ministerio Público, así como de las incapacidades, las situaciones administrativas, los deberes y derechos, las incompatibilidades, las prohibiciones y las responsabilidades que le afecten.

En este marco, la asignación de cargos y puestos debe efectuarse con base en criterios objetivos de mérito y capacidad, con especial consideración de las actividades formativas recibidas.

A nivel institucional, el Ministerio Público debe tener conocimiento de las conferencias, cursos de capacitación, congresos jurídicos o cualesquiera actividades de semejante tenor en las que participen sus miembros, así como las publicaciones y estudios efectuados por los mismos, con objeto de que dicha información pueda ser incorporada a los respectivos expedientes personales para su adecuada valoración a efectos de promoción, designaciones y nombramientos en el seno de la Institución.

9.- La creación de una Red de Capacitación de Ministerios Públicos Iberoamericanos se valora como un objetivo prioritario, de cara a servir de instrumento para una significativa mejora de los respectivos procesos de capacitación nacionales.

Dicha iniciativa se valora asimismo como una oportunidad irrepetible en orden a profundizar en la implantación y desarrollo de específicos programas comunes de capacitación, incluso en materia de formación de formadores y de responsables y profesores de Centros, Escuelas, Unidades o Áreas de capacitación.

La red debe servir también para propiciar un foro permanente de intercambio de experiencias y conocimientos sobre los ordenamientos jurídicos nacionales de sus integrantes, así como de las estructuras orgánicas, funciones y competencias de los Ministerios Públicos implicados, con particular atención a los mecanismos e instrumentos de cooperación jurídica internacional, en orden a posibilitar la progresiva instauración de un efectivo espacio judicial común iberoamericano, que sirva para dar una respuesta coordinada a la criminalidad organizada transnacional.

10.- En tanto no se formalice la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano, se instituye una Secretaría Pro Tempore para que se encargue de coordinar las actividades necesarias que concreten su efectiva constitución. Por decisión unánime, se acuerda que su sede operativa esté ubicada en la República Oriental del Uruguay, a cargo del Área de Capacitación del Ministerio Público y Fiscal de dicho país.

Carta Fundacional de la RECAMPI.pdf